Sorpresa de octubre: ¿transición o entrega democrática?
Vierne5. / Opinión. /
Por Matías Ricardo Escalona Cardinale
Washington retira sanciones a Jorge Rodríguez mientras crecen las dudas sobre las negociaciones y el futuro democrático de Venezuela.
- Sanciones a Jorge Rodríguez
- Negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela
- María Corina Machado y transición democrática
- Acuerdos políticos en Venezuela
En Washington pueden cambiar las prioridades diplomáticas de una semana a otra, pero la democracia venezolana no debería convertirse en una moneda de cambio. La decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, precisamente cuando avanzan nuevas conversaciones sobre el futuro político de Venezuela, abre una interrogante incómoda: ¿estamos presenciando una transición democrática auténtica o la construcción de un acuerdo que garantiza estabilidad económica mientras posterga la soberanía popular?
El 14 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, retiró formalmente a Jorge Rodríguez de su lista de personas sancionadas. La decisión fue confirmada mediante una comunicación oficial y recogida por agencias internacionales. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, hermano de Delcy Rodríguez y figura central de las negociaciones impulsadas por Washington, quedó liberado de las restricciones financieras correspondientes a esa designación.
El hecho es verificable. Sus consecuencias políticas, en cambio, merecen un examen mucho más exigente.
Porque una cosa es retirar sanciones para facilitar conversaciones y otra muy distinta es transmitir la impresión de que los protagonistas del viejo sistema pueden convertirse, sin una verdadera rendición de cuentas, en administradores permanentes del nuevo.
La sorpresa de octubre
En la tradición política estadounidense, una sorpresa de octubre es un acontecimiento capaz de alterar el debate público cuando se aproximan unas elecciones. La expresión resulta particularmente sugerente en esta coyuntura, cuando Estados Unidos se prepara para sus comicios legislativos de noviembre y la administración de Donald Trump intenta consolidar resultados visibles de su política hacia Venezuela.
Sin embargo, conviene distinguir la coincidencia temporal de una intención demostrada. No existe evidencia pública suficiente para afirmar que el levantamiento de las sanciones a Rodríguez haya sido diseñado específicamente como una maniobra electoral estadounidense.
Lo que sí resulta evidente es que Washington está apostando por fortalecer su relación de trabajo con los hermanos Rodríguez, al mismo tiempo que mantiene sus intereses económicos y energéticos en Venezuela.
La medida de la OFAC adquiere mayor significado cuando se observa junto a las reformas destinadas a facilitar inversiones extranjeras y los acuerdos sobre recursos petroleros. La administración estadounidense parece privilegiar una transición gradual que preserve determinadas estructuras de gobernabilidad mientras se modifican las instituciones políticas.
Desde una perspectiva diplomática, el argumento tiene lógica: evitar el vacío de poder, reducir incertidumbres y proteger la recuperación económica.
Pero la pregunta fundamental continúa sin respuesta: ¿cuánto tiempo puede durar esa gradualidad antes de convertirse en una nueva forma de permanencia?
Jorge Rodríguez: de sancionado a interlocutor privilegiado
La rehabilitación financiera de Jorge Rodríguez representa un cambio significativo en el tratamiento estadounidense de una figura estrechamente vinculada al poder chavista.
Rodríguez fue sancionado durante el primer gobierno de Trump. Ahora, bajo la segunda administración del mismo presidente, pasa a desempeñar un papel relevante en la arquitectura de las conversaciones políticas.
Este giro no constituye por sí mismo una absolución judicial ni demuestra que Estados Unidos haya renunciado a cualquier mecanismo de presión. Las sanciones económicas son instrumentos administrativos de política exterior, diferentes de las responsabilidades penales que pudieran corresponder a cualquier funcionario.
Sin embargo, su levantamiento tiene una consecuencia política inmediata: modifica la relación de fuerzas y envía una señal de reconocimiento práctico al interlocutor beneficiado.
La cuestión no consiste en negar la necesidad de negociar con quienes ejercen el poder. Las transiciones suelen requerir conversaciones difíciles, incluso con actores profundamente cuestionados.
El problema aparece cuando las concesiones comienzan a acumularse sin que la ciudadanía pueda identificar avances equivalentes en sus derechos políticos.
Si se flexibilizan sanciones, se amplían oportunidades económicas y se normalizan relaciones diplomáticas, ¿cuáles son las obligaciones concretas que adquieren quienes administran el poder venezolano?
¿Dónde está el calendario presidencial? ¿Dónde están las garantías institucionales? ¿Qué mecanismos permitirán comprobar que las reformas no serán simplemente otro ejercicio de simulación?
María Corina Machado y la representación ausente
La controversia adquiere una dimensión todavía mayor con las declaraciones de María Corina Machado sobre las negociaciones desarrolladas en Caracas.
En una entrevista publicada por The New York Times y reseñada por EFE el 16 de octubre, Machado afirmó que Estados Unidos la había dejado fuera de esas conversaciones. El Departamento de Estado, por su parte, sostuvo que había invitado a Vente Venezuela a participar y señaló que la dirigente tenía derecho a regresar al país.
La diferencia entre ambas versiones impide presentar la exclusión como un hecho completamente aclarado. Pero sí deja planteado un problema político que merece una explicación pública.
Machado ganó las primarias opositoras de 2023 y respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024. Por eso, cualquier diseño de transición debe considerar seriamente el peso político de ese sector y las demandas ciudadanas que representa.
No se trata de establecer que una sola dirigente deba controlar todas las negociaciones. Se trata de reconocer que una transición democrática pierde credibilidad cuando los mecanismos de representación resultan ambiguos o cuando los sectores con amplio respaldo ciudadano sienten que sus posiciones quedan relegadas.
La democracia no puede reconstruirse sustituyendo una exclusión por otra.
Machado también ha manifestado que respetaría los contratos petroleros que cumplan la legislación venezolana, una posición que demuestra que el debate no necesariamente enfrenta inversión económica y recuperación democrática.
La verdadera discusión es sobre las condiciones políticas, jurídicas e institucionales bajo las cuales esos acuerdos deben desarrollarse.
El petróleo no puede sustituir al voto
Venezuela necesita inversión extranjera, recuperación de su industria petrolera, reconstrucción eléctrica, empleo y financiamiento. Negar esa realidad sería desconocer la magnitud del deterioro económico acumulado.
También es comprensible que Estados Unidos busque seguridad energética, oportunidades comerciales y estabilidad regional.
El conflicto surge cuando esas prioridades parecen avanzar con mayor rapidez que las garantías democráticas.
Las empresas necesitan seguridad jurídica para invertir durante décadas. Pero la seguridad jurídica no puede limitarse a contratos petroleros protegidos por acuerdos entre gobiernos. También exige tribunales independientes, respeto a la propiedad, transparencia administrativa y normas aplicables por igual a todos.
Una república duradera requiere algo más que inversiones importantes. Necesita instituciones capaces de sobrevivir a sus gobernantes.
Y esa legitimidad no puede ser concedida definitivamente por Washington, Bruselas o cualquier otra capital. Debe construirse dentro de Venezuela, mediante la participación libre de sus ciudadanos.
Las cuentas pendientes con la justicia
Mientras se levantan sanciones y avanzan las conversaciones políticas, los tribunales estadounidenses continúan examinando las acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El 15 de octubre, ambos comparecieron ante una corte federal de Nueva York y se declararon no culpables de nuevos cargos relacionados con una presunta conspiración para torturar a opositores políticos. Las acusaciones corresponden a la Fiscalía estadounidense y todavía deben ser examinadas judicialmente, con las garantías procesales correspondientes.
La coincidencia entre esos procedimientos penales y la normalización diplomática con otros dirigentes venezolanos constituye una de las paradojas más profundas del momento.
Estados Unidos puede buscar acuerdos con las autoridades actuales mientras procesa judicialmente a antiguos gobernantes. Ambas políticas no son necesariamente incompatibles.
Pero una transición democrática responsable debe garantizar que la búsqueda de estabilidad no termine convirtiéndose en una excusa para olvidar a las víctimas o impedir investigaciones independientes.
La reconciliación no exige renunciar a la justicia. Exige encontrar mecanismos para que la verdad, la responsabilidad y las garantías de no repetición formen parte del nuevo orden institucional.
La estabilidad tiene condiciones
El pragmatismo político puede evitar enfrentamientos innecesarios y abrir oportunidades de negociación. Su utilidad es indiscutible cuando permite resolver conflictos que parecían imposibles.
Pero también puede convertirse en una fórmula para prolongar indefinidamente situaciones que necesitan cambios estructurales.
La transición venezolana requiere compromisos verificables, entre ellos:
- Un calendario público y razonable para celebrar elecciones presidenciales libres y competitivas.
- La renovación independiente del Consejo Nacional Electoral y las garantías necesarias para todos los participantes.
- La revisión de los expedientes vinculados a persecución política y la plena protección de las libertades civiles.
- La independencia efectiva de los tribunales y del Ministerio Público.
- La participación plural de los sectores políticos y sociales en las decisiones fundamentales de la transición.
- La transparencia de los acuerdos económicos que comprometan recursos estratégicos nacionales.
Ninguno de estos objetivos exige desconocer las dificultades de una transición. Por el contrario, establecerlos con claridad permitiría evaluar sus resultados y reducir la incertidumbre.
Los venezolanos no necesitan promesas indefinidas. Necesitan saber qué se hará, quién será responsable y cuándo deberán producirse los avances.
Una democracia que no puede negociarse a espaldas del país
La mayor debilidad de cualquier pacto político no está necesariamente en sus concesiones, sino en su falta de legitimidad social.
Un acuerdo puede resultar satisfactorio para Washington, conveniente para determinados sectores empresariales y aceptable para quienes ejercen el poder en Caracas. Pero si no ofrece una salida democrática creíble, terminará enfrentándose a la desconfianza de la ciudadanía.
La sorpresa de octubre no debería medirse únicamente por el levantamiento de sanciones contra Jorge Rodríguez. Su verdadera importancia dependerá de lo que ocurra después.
Si la medida facilita reformas institucionales genuinas, amplía las libertades y acelera el camino electoral, podrá considerarse una herramienta útil de negociación.
Si, por el contrario, termina fortaleciendo a los mismos actores sin establecer límites efectivos a su poder, habrá servido para cambiar el escenario diplomático sin resolver el conflicto político fundamental.
El periodismo independiente tiene la responsabilidad de observar estas decisiones sin confundir el diálogo con una victoria anticipada ni la apertura económica con la recuperación automática de la democracia.
Porque el destino de Venezuela no puede quedar reducido al calendario electoral estadounidense ni a las necesidades de los mercados energéticos.
Washington tiene derecho a defender sus intereses. Venezuela tiene derecho a recuperar sus instituciones. Ambos objetivos pueden coexistir, siempre que ninguno pretenda sustituir al otro.
La verdadera sorpresa de octubre sería que, después de tantos acuerdos, concesiones y promesas, apareciera finalmente una ruta electoral clara, inclusiva y verificable. Todo lo demás seguirá siendo política provisional.
Y Venezuela lleva demasiado tiempo viviendo en la provisionalidad.
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